La Argentina
y su riesgo país.
Prof. Dr.
Carlos Eduardo Daly Gimón
Antes de ocuparnos propiamente del caso argentino, es necesario plantear ciertas consideraciones que estimamos necesarias para la cabal comprensión del riesgo país.
Es, en la economía del siglo veintiuno, una
categoría fundamental que sustenta y a su vez sirve para explicar el comportamiento
de las inversiones extranjeras hacia una economía en particular, así como del conjunto
de variables que le son concomitantes.
Y para aumentar el flujo de inversiones, resulta
esencial mostrar una serie de condiciones macroeconómicas suficientemente
atractivas y confiables que permitan alcanzar un desenvolvimiento efectivo y seguro a las empresas foráneas que participan
en la dinámica interna de los países interesados.
Esas condiciones macroeconómicas están a su vez
determinadas por
los niveles de endeudamiento externo y el servicio
de la deuda, un nivel óptimo de reservas internacionales, los índices
inflacionarios, la gestión fiscal, el tipo de cambio, y hasta de la agenda
política propiamente dicha.
Y sobre esas variables fundamentales es que se
asienta el riesgo país.
Conceptualmente, debe entenderse el riesgo país
como una posibilidad, como la eventualidad de que una economía con determinados
niveles de deuda se encuentre incapacitada de cumplir con sus compromisos de
pago en los plazos en que han sido convenidos.
En términos convencionales, para valorar el riesgo
país se toma como referencia el precio de un bono cero cupón de un país de
riesgo muy alto y se le compara con un bono emitido por un país libre de
riesgo.
Se da por entendido de que ambos bonos tienen igual
plazo y la cancelación del cupón ocurre en el mismo momento.
Por tanto, en la medida en que el bono de mayor
riesgo muestre mayores rendimientos, tendremos una mayor probabilidad de
incumplimiento. Lo que equivale a decir que el riesgo país es una variable
sujeta al mercado, a sus fluctuaciones y a los cambios que los caracterizan.
En el caso de la Argentina, la medición del riesgo
país ha alcanzado los 945 puntos en este mes de mayo, ubicándose como la
evaluación más alta en lo que va de 2019 y uno de los más elevados de los
últimos años en la economía austral.
Para la medición realizada por JP Morgan-Argentina,
el riesgo país fue de 850 puntos básicos en esta época del año, y para la
prestigiosa banca de inversión la cifra tope se ubica alrededor de los 873
puntos básicos alcanzados en 2014.
Veamos las variables decisivas que explican esta
coyuntura.
Ante todo los niveles de endeudamiento que
caracterizan el proceso económico de la Argentina.
La CEPAL[1]
calcula que a finales de 2018, la deuda pública se colocó en el 77,4% del PIB,
y que seguirá creciendo en los meses siguientes en razón de los recientes
préstamos concedidos por el Fondo Monetario Internacional a ese país. Ello se
traduce en que la deuda externa pasó de US$ 181.620 millones en 2010 a US$
307.656 millones en 2018.
Lo que nos lleva a resaltar que el proceso de
endeudamiento ha venido tomando cada vez más fuerza porque si la relación
deuda/PIB era de 40% en 2010, en 2018 ya superó en más del doble esa magnitud,
ubicándose en un 94,6%.
Los datos comparativos de CEPAL en el Balance
Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2018, con respecto a
otras economías de la región, revelan que Argentina encabeza el Ranking
latinoamericano de países de mayor Deuda Pública Bruta, seguido por Brasil
(77,2% del PIB), Costa Rica (52,5% del PIB), El Salvador, Uruguay, Colombia
(50% del PIB) y Honduras (48% del PIB).
En esa dinámica de la deuda pública externa juega
un papel fundamental el déficit fiscal.
En ese sentido, las políticas públicas de 2018
lograron reducir el gasto, y el déficit fiscal primario se ubicó alrededor del
2,4% cuando la meta prevista era de 2,7% del PIB.
Este año está planteado aproximarse a un equilibro
fiscal por lo que, de acuerdo a las estimaciones previstas, el gasto tiene que
seguir recortándose en un 1,26% del PIB, es decir, unos US$ 232.000 millones. Y
para ser más explícitos, estas rebajas afectarán los subsidios económicos y en
particular las tarifas de luz, gas y transporte.
También tendrá el gobierno argentino que mejorar
sus ingresos para aspirar a un déficit cero, por lo que en los meses siguientes
tendrán que incrementarse la recaudación, particularmente en lo relativo a los
derechos de exportación y otros bienes y servicios por un monto aproximado de US$
432.812 millones.
Son objetivos de gestión pública
exigentes y de gran disciplina en un año de reñidas elecciones presidenciales.
Muy asociado al riesgo país y a los desajustes fiscales
mencionados está el tipo de cambio.
Probablemente ese sea una de las mayores
dificultades que enfrenta la política económica en la coyuntura actual.
Desde 2015, M. Macri procedió a liberalizar el tipo
de cambio y a facilitar el acceso de la población a la moneda extranjera, con
la finalidad no solamente de estabilizar el mercado cambiario sino de alcanzar
confianza y certeza en la moneda nacional.
El primer resultado fue una devaluación de más del
42% en el mercado oficial.
La flotación posterior llevó a una depreciación del
peso argentino hasta 17,66 pesos por dólar en 2017, alcanzando 40 pesos por
dólar a finales de 2018 y alrededor de 46 pesos por dólar a mediados de mayo
del año que cursa.
El peso ha perdido cerca del 304% de su valor con
respecto a la divisa estadounidense desde que M. Macri dirige los destinos del
país.
Endeudamiento externo, déficit fiscal, devaluación,
todo ello conlleva a la otra variable que completa un panorama complejo y a veces
impredecible: inflación.
Argentina exhibe la segunda tasa de inflación más
alta de América Latina, detrás de Venezuela.
En abril de este año, la inflación anualizada del
país sureño ronda el 55,8% según datos del INDEC, muy por debajo de la astronómica
cifra de Venezuela[2],
pero bastante por encima de Haiti, que es el único que tiene una tasa de dos
dígitos, y le siguen Uruguay, Nicaragua, Brasil y Honduras, por sólo citar
algunos.
La inflación de Argentina es de 4,7% mensual y los
resultados de las decisiones públicas no se traducen en una evidente
ralentización de los precios. Alimentos, transporte y servicios tienen un
fuerte impulso que repercute directamente en los niveles de vida y bienestar de
la población.
Convertida en una promesa de gobierno desde su
inicio, la gestión de M. Macri no ha podido romper con la inercia que
caracteriza el comportamiento de los precios, como tampoco la devaluación del
peso y su componente especulativo, ni con los tarifazos, que no son otra cosa
que la actualización de los precios de servicios que se mantuvieron congelados
en el gobierno de C. de Kirchner.
Como se sabe, estos índices inflacionarios tienen
amplias repercusiones en la población, y particularmente en los niveles de pobreza.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
reveló que en 2018 el 32% de la población urbana quedó bajo el umbral de la
pobreza, lo cual implica más de cinco puntos con respecto al primer semestre
del mismo año, y si se le compara con el 2017 ello representa más de seis
puntos. Es decir, un marcado retroceso en el plano social.
Este panorama, así lo creyeron muchos analistas,
tomó un giro a partir julio de 2018
cuando se dio el más reciente rescate financiero del FMI y la aplicación
de un plan de ajustes para alcanzar estabilidad y crecimiento. Primero fueron
US$50.000 millones de principios de julio, más US$ 7.000 millones tres meses
después permitieron buenos y consistentes augurios; pero las cosas no han
resultado como previstas.
Al crecimiento económico de 2,9% en 2017 le siguió
una contracción de alrededor del 2,8% en 2018 y en 2019 todavía la economía
seguirá encogiéndose en más de 1,6%.
Más allá de los arreglos fiscales a los cuales
hemos hecho alusión en líneas anteriores, es necesario considerar que el
crecimiento económico retornará en la medida en que logren superarse las
adversidades internacionales, sigan impulsándose las reformas necesarias, y
vuelva la confianza a los mercados locales.
Las tasas de
interés, el auge relativo de los mercados bursátiles y un conjunto de medidas
financieras más estrictas han afectado la permanencia de fondos de inversión en
Argentina, y han revelado la tremenda vulnerabilidad del país en cuanto al
crédito en divisas se refiere.
Igualmente, las expectativas que la aplicación del
plan de ajuste pueda arrojar.
Más recientemente se han anunciado las subastas en
dólares por parte del Banco Central por un monto de US$ 60 millones diarios
hasta un máximo de US$9.600 millones, como parte del préstamo stand-by del FMI.
Sumado a ello, las remesas por exportación agraria
permitirán bajar un poco la presión sobre el peso, por lo que la contextualidad
cambiaria debería mostrar mejoras evidentes a partir de julio próximo.
En medio de ese conjunto de indicadores bastante
desfavorables en lo inmediato, el riesgo país ha mostrado una relativa
estabilidad y ciertos inclinaciones hacia una cierta mejoría en las
transacciones externas.
Pareciera que el default ha sido por los momentos
descartado aunque no puede afirmarse que sea algo definitivo. Todo dependerá de
las acciones de política monetaria y fiscal de los próximos meses. Y también
del enrarecimiento del ambiente electoral que apenas comienza y que durará
hasta octubre.
Posiblemente, si llegaran a materializarse, el
aporte de fondos internacionales para la inversión puedan completar el cuadro
financiero que requiere la Argentina, encabezado por la Corporación para la
Inversión Privada en el Extranjero de
los Estados Unidos y otras instituciones internacionales.
De las estrategias políticas dependen las próximas decisiones
económicas, al menos mientras dura la refriega electoral que ya comenzó en
Buenos Aires.
[1]
Veáse https://www.cepal.org/es .
[2] La hiperinflación venezolana
cerró en 2018 con un índice de más de 1.700.000% según fuentes de la Asamblea
Nacional, porque el Banco Central de Venezuela no publica cifras oficiales
desde hace más de 4 años.
Comentarios