Por: Prof. Dr. Carlos Eduardo Daly Gimón
La economía lusa ha pasado por dos eventos significativos en 2013.
Sometida a los designios de la Troika (F.M.I., Comisión Europea y Banco Central Europeo), los programas de ajustes para poder beneficiarse de la asistencia financiera han venido aplicándose desde hace aproximadamente dos años con resultados poco atractivos para la población y con magnitudes macroeconómicas muy pobres.
Es por tanto un asunto primordial para la estabilidad y crecimiento de Portugal.
Pero, para sorpresa de muchos, la aplicación de esos programas de ajuste ha tenido que pasar por una especificidad muy particular pues el Tribunal Constitucional decidió en abril 2013 anular ciertas medidas de austeridad recomendadas desde las más altas esferas de la eurozona, lo cual condujo a una revisión de las recomendaciones comunitarias en el más breve plazo, y, sobre todo, a definir nuevas medidas gubernamentales para así acceder a los 2.100 millones de euros a ser aportados por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera.
Es, digamos, una especificidad en la perspectiva de la crisis económica que sacude las estructuras económicas de la Unión Europea.
Para Portugal así como Irlanda, Chipre y España, el rescate por parte de los multilaterales financieros es someterse a una imposición externa que los obliga a unas políticas de ajuste severas y de implicaciones económicas significativas en el corto y mediano plazo.
Más aún, en el caso Portugués, ante la decisión del Tribunal Constitucional fue necesario que el primer ministro Passos Coelho emprendiera una carrera contra el reloj para redefinir los términos del ajuste y que, desde luego, fueran conocidos y aprobados por los ministros europeos.
Este nuevo "paquete" ha tenido un fuerte impacto en la opinión pública, los sindicatos y las fuerzas políticas de oposición.
Hasta ahora, Passos Coelho ha anunciado recortes en Sanidad, Educación, Servicios Públicos que permitirán un ahorro del 600 millones de euros aproximadamente, y otros 600 millones que se reducirán de los gastos de funcionamiento de la Administración.
En suma, los recortes presupuestarios deberán alcanzar este año alrededor de los 1.800 millones de euros entre este ejercicio y 2016 para así poder atender los 78.000 millones de euros que le fueron concedidos en 2010 por la Troika.
Asimismo, está previsto imponer nuevos gravámenes al sistema de pensiones, aumentar el trabajo de los funcionarios de todos los ministerios de 35 a 40 horas semanales y extender la edad de jubilación hasta los 65 años.
Ciertamente, de lo que se trata es de retomar la senda del crecimiento económico en Portugal como objetivo fundamental aunque pareciera lejana tal perspectiva pues las estimaciones previstas para 2013 arrojan una contracción del producto de alrededor del 2.6%.
Más allá de los resultados que puedan alcanzarse en términos macroeconómicos, está claro que la situación de Portugal se inscribe en el contexto europeo que desde hace ya varios años no logra encontrar la ansiada vía del crecimiento económico sostenido y, muy por el contrario, este año se debate en la muy dura realidad de alrededor de 19 millones de personas sin empleo.
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