Prof.
Dr. Carlos Eduardo Daly Gimón
Lo que aparece, de manera evidente, es que se trata de una serie de actuaciones programadas para conseguir contratos públicos mediante el uso de prácticas corruptas y delictivas.
En este trabajo nos dedicamos a sistematizar ese particular fenómeno ocurrido en numerosos países de Latinoamérica, en cuyo desarrollo debe tenerse siempre presente que Odebrecht es una empresa transnacional que decidió hacer negocios sobornando, corrompiendo funcionarios públicos, líderes políticos y burócratas que estuvieran dispuestos a satisfacer sus objetivos empresariales.
De seguidas revisamos los aspectos fundamentales que caracterizan esa práctica corporativa en diversos países del continente.
Al día de hoy, en Perú se han abierto 34 investigaciones fiscales, aunque el Ministerio Público peruano ha girado 179 solicitudes de cooperación a otros países con resultados poco favorables [2].
Entre las personas involucradas (prisión preventiva, arresto domiciliario y prohibición de salida del país), destacan el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció el 21 de marzo de 2018, el dos veces Presidente de la República Alan García, investigado, el expresidente Ollanta Humala, liberado por decisión del Tribunal Constitucional del Perú el primero de mayo de 2018, y el expresidente Alejandro Toledo, quién está prófugo en Estados Unidos con dos órdenes de arresto.
La congresista y excandidata presidencial Keiko Fujimori está siendo igualmente investigada, así como la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, entre los procedimientos más relevantes.
En Colombia, Odebrecht termina reconociendo mediante un memorándum firmado conjuntamente con Estados Unidos y Suiza, que los sobornos repartidos en ese país alcanzaron los 11 millones de $; todo ello basado en las revelaciones del expresidente de Odebrecht en Colombia, Luis Antonio Bueno.
Los contratos se otorgaron a partir del 2010, entre los que cabe destacar el de la concesionaria Ruta del Sol S.A.S., asignado mediante licitación pública del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), la rehabilitación del transversal Río de Oro-Agua Clara-Gamarra, y el caso del exsenador Otto Nicolas Bula Bula actualmente encarcelado, así como los procesos de investigación que involucran al empresario Juan Manuel Barraza, a la exministra Cecilia Alvarez y otros [3].
Incluso, la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en 2014 se vio enlodada por las declaraciones de Roberto Prieto, y las investigaciones adelantadas por el Consejo Nacional Electoral colombiano en relación a determinados pagos para la elaboración de propuestas publicitarias electorales mediante una firma en Panamá con fondos suministrados por Odebrecht.
Más allá de los 11 millones de $ en sobornos ya mencionados, la fiscalía neogranadina estima que esa cifra ya supera los 25 millones de $ y que hay más de 15 líneas de investigación abiertas hasta 2017 en el caso Odebrecht [4].
El vicepresidente de Ecuador Jorge Glas fue detenido, destituido y condenado a seis años de cárcel en 2017. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sustanció su decisión en la adjudicación ilegal de 13,5 millones de $ en contratos públicos durante su gestión como Ministro de Sectores Estratégicos entre 2010 y 2012, durante el Gobierno de Rafael Correa.
En México, Mario Beauregard, exdirector corporativo de finanzas, Víctor Díaz, exdirector corporativo de Administración y José Fortunato Alvarez, Presidente del Comité de Postulaciones de PEMEX han sido citados a declarar por parte de la Procuraduría General de la República sobre los manejos corruptos de Odebrecht en el país azteca.
Aparte de ellos, el indiciado que involucra a la más grande empresa petrolera de México es Emilio Lozoya Austin, director principal entre 2012 y 2016 e investigado por enriquecimiento ilícito y cohecho.
Adicionalmente, el gobierno mexicano sancionó a la empresa de ingeniería y construcción brasileña con una multa de 30 millones de $ en el mes de abril de 2018, por el incumplimiento de un contrato firmado en 2015, y con una inhabilitación de dos años y tres meses de duración.
Más allá de los casos de Colombia, Ecuador y México, los países dónde mayores “mordidas” fueron entregadas aparte de Brasil, son República Dominicana y Venezuela.
En Brasil se ventilan más de 34 expedientes por corrupción vinculados con Odebrecht.
Fundada en 1944 por el ingeniero Norberto Odebrecht, el conglomerado brasileño comenzó a expandirse con los grandes proyectos hidroeléctricos desarrollados en Perú y Chile, para luego extenderse por 21 países de América Latina.
Su facturación rondaba antes de las diversas denuncias y evidencias presentadas en su contra, los 33.000 millones de $, y cerca del 49% de sus ingresos provenía de operaciones fuera de Brasil.
Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa de ingeniería y construcción más grande de América Latina, ha estado en prisión desde diciembre de 2015, y después de firmar un acuerdo de lenidad para reparar los perjuicios causados y colaborar con las investigaciones, y comprometerse a pagar unos 697 millones de $, se encuentra en prisión domiciliaria.
Su condena fue de 19 años y 4 meses por delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir.
Antes de que las denuncias sobre sus manejos delictivos tomara fuerza, Odebrecht contaba con cerca de 181.000 empleados distribuidos a lo largo de 21 países.
Particular importancia en la caída de Odebrecht es el renombrado caso de corrupción vinculado a Petrobras, conocido como Lava Jato.
Muy relacionada con la clase política del Brasil, y en particular del Partido de los Trabajadores de Lula Da Silva y Dilma Roussef, la implicación de Petrobras en el escándalo de Lava Jato significó una pérdida aproximada de más de 16.000 milllones de $ en lo que representa el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil.
Se estima que unos 2.000 milllones de $ fueron a parar a manos de ejecutivos, dirigentes políticos y empresas corruptas.
Brasil ha sido no solamente el país dónde se construyó el consorcio internacional que es Odebrecht, sino que además es en ese país dónde los sobornos alcanzaron montos extraordinarios.
Según la BBC, los actos ilícitos comenzaron en 2003 y siguieron hasta 2016, período en el cual el monto de sobornos a políticos y funcionarios gubernamentales se elevó a 349 millones de $ [5].
En Venezuela se establecieron importantes vínculos comerciales entre el gobierno de H. Chavez y de I. Lula Da Silva. Se estima que entre 2013 y 2016 se suscribieron alrededor de 37 contratos para la realización de obras públicas en el país de los cuales cerca de 27 fueron con la constructora transnacional Odebrecht.
El consorcio brasileño participó en obras del aeropuerto de Maiquetía, en la Línea 2 del Metro de los Teques, en la remodelación del teleférico de Caracas, en complejos habitacionales, en desarrollos agroindustriales, en la Refinería de Puerto La Cruz, y en otros proyectos de obras públicas.
La participación de la constructora Odebrecht en Venezuela tiene, además, una característica muy especial: el retraso en el tiempo de entrega de los proyectos [6], y la opacidad.
Como ejemplo tenemos el Proyecto para la Construcción de la Línea 5 del Metro de Caracas, Tramo Plaza Venezuela-Parque del Este. Planificada para 54 meses a partir del primer pago por concepto de anticipo.
El contrato se modificó en 2009, en julio de 2011, en noviembre de 2014, y la última prórroga ocurrió en agosto de 2015. Cada una de las modificaciones del contrato acarreó importante aumentos en el costo de la obra y en sus desembolsos financieros.
Las últimas diligencias sobre los turbios manejos de Odebrecht en Venezuela efectuadas por el Ministerio Público datan de febrero de 2017, en las que se allana la empresa, se le congelan las cuentas y se le prohíbe enajenar y gravar bienes.
Finalmente, el 16 de agosto de 2018, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio dictaminó la culpabilidad del primer mandatario venezolano, y lo condenó por corrupción propia y legitimación de capitales a 18 años y tres meses de prisión.
En Argentina, el juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi llamó a indagatoria a 49 personas: exfuncionarios como Julio de Vido, exministro de Planificación; Ricardo Jaime, exministro de Transporte, y José López, exsecretario de Obras. También a representantes de firmas que obtuvieron una licitación de construcción del soterrado del tren Sarmiento, como Ángelo Calcaterra, expresidente de la constructora Iecsa y primo del presidente Mauricio Macri, e intermediarios como el ‘Corcho’ Rodríguez.
De ese importante grupo de funcionarios, Julio de Vido aparece como el responsable de toda la obra pública durante el gobierno de C. Kirschner, y está siendo procesado por la adjudicación de los trabajos de ampliación de dos gasoductos entre 2006 y 2008.
Esto en cuanto a Odebrecht se refiere, porque el exministro Kirchnerista ha sido despojado del fuero parlamentario y encarcelado por el desfalco de más de 13 millones de $ en una mina y una central hidroeléctrica en la Provincia de Santa Cruz.
En República Dominicana las averiguaciones judiciales han arrojado también resultados notables, en la misma perspectiva de los escándalos que han sido reseñados a lo largo de este inventario.
El 30 de mayo de 2017, la Procuraduría de República Dominicana solicitó la detención de T. Montás (Ministro de Industria y Comercio), A. Bautista (expresidente del senado y exministro de economía), V. Díaz Rúa (exministro), R. Segura (Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales), R. Rodriguez (Director Ejecutivo de INAPA), A. Rondón (Representante de Odebrecht en República Dominicana), C. Pittaluga (Representante de la firma Newport Consulting LTD), M. del Oleo (Administrador de la EGHEID), B. Castellanos de Moya (Director de Proyectos de EGHEID), C. Sanchez (Vicepresidente de EGHEID) y R. Gonzalez (Exdiputado del PRD).
También la Procuraduría General de la República solicitó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados A. Pacheco, T. Galán y J.C. Valentin por supuestos sobornos del consorcio brasileño Odebrecht.
En la República de Panamá, la Corte Suprema de Justicia admitió en 2016 una solicitud de averiguación del gobierno suizo respecto de la aportación de fondos a la campaña del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.
La Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá imputó a más de 17 personas, entre los que figuran los dos hijos y un hermano de R. Martinelli. Al exmandatario Martin Torrijos también le han sido examinadas sus cuentas personales por posibles sospechas sobre coimas de Odebrecht, e incluso al mismo presidente actual Juan Carlos Valera.
Este recuento de hechos delictivos, en muchos casos legalmente probados, y sentenciados, otros en vías de averiguación judicial, aparte de aquellos que aún no han salido a la palestra pública; son suficientemente reveladores de la importancia de la corrupción ligada a la esfera pública en todo el continente.
Odebrech ha estado involucrada de manera reiterada y en muy disímiles escenarios, a las inversiones gubernamentales y los procesos licitatorios públicos con empresas privadas nacionales y extranjeras.
Las consecuencias se han dejado sentir por doquier. Paralización de importantes proyectos, encarecimiento y suspensión de obras fundamentales para la colectividad, distorsión de la ética nacional, y, sobre todo, pérdida de valores y de los necesarios compromisos de la función pública con la sociedad entera.
Tienen que tomarse no solamente acciones ejemplarizantes en el plano judicial, sino que la moral ciudadana exige una nueva conducta de los líderes y gobernantes en su desempeño oficial.
Después de este complicado y difícil balance en materia de sobornos y corrupción en general, es nuestro criterio que las tareas pendientes tienen que enfocarse en: Impulsar los procesos de armonización de la legislación internacional entre países interesados; elevar de manera sustancial el escrutinio de los ciudadanos sobre el ejercicio de la gestión pública, y, finalmente, hacer uso de las nuevas tecnologías para lograr mejorar los mecanismos de control y ejecución de proyectos públicos.
Una
revisión somera de las gestiones de la constructora brasileña Odebrecht por
toda América Latina deja pasmado a cualquier ciudadano de estas latitudes, e
incluso de más allá. Los
registros son abundantes y variados.
Lo que aparece, de manera evidente, es que se trata de una serie de actuaciones programadas para conseguir contratos públicos mediante el uso de prácticas corruptas y delictivas.
En este trabajo nos dedicamos a sistematizar ese particular fenómeno ocurrido en numerosos países de Latinoamérica, en cuyo desarrollo debe tenerse siempre presente que Odebrecht es una empresa transnacional que decidió hacer negocios sobornando, corrompiendo funcionarios públicos, líderes políticos y burócratas que estuvieran dispuestos a satisfacer sus objetivos empresariales.
Esta
trama arranca con el informe del Dpto. de Justicia de los Estados Unidos [1], que evidencia que la
constructora brasileña Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de $ en
sobornos a funcionarios públicos de más de 12 países: Argentina, Brasil,
Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú,
Venezuela y, más allá de Latinoamérica, en el continente africano, Mozambique y
Angola.
De seguidas revisamos los aspectos fundamentales que caracterizan esa práctica corporativa en diversos países del continente.
Al día de hoy, en Perú se han abierto 34 investigaciones fiscales, aunque el Ministerio Público peruano ha girado 179 solicitudes de cooperación a otros países con resultados poco favorables [2].
Entre las personas involucradas (prisión preventiva, arresto domiciliario y prohibición de salida del país), destacan el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció el 21 de marzo de 2018, el dos veces Presidente de la República Alan García, investigado, el expresidente Ollanta Humala, liberado por decisión del Tribunal Constitucional del Perú el primero de mayo de 2018, y el expresidente Alejandro Toledo, quién está prófugo en Estados Unidos con dos órdenes de arresto.
La congresista y excandidata presidencial Keiko Fujimori está siendo igualmente investigada, así como la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, entre los procedimientos más relevantes.
En Colombia, Odebrecht termina reconociendo mediante un memorándum firmado conjuntamente con Estados Unidos y Suiza, que los sobornos repartidos en ese país alcanzaron los 11 millones de $; todo ello basado en las revelaciones del expresidente de Odebrecht en Colombia, Luis Antonio Bueno.
Los contratos se otorgaron a partir del 2010, entre los que cabe destacar el de la concesionaria Ruta del Sol S.A.S., asignado mediante licitación pública del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), la rehabilitación del transversal Río de Oro-Agua Clara-Gamarra, y el caso del exsenador Otto Nicolas Bula Bula actualmente encarcelado, así como los procesos de investigación que involucran al empresario Juan Manuel Barraza, a la exministra Cecilia Alvarez y otros [3].
Incluso, la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en 2014 se vio enlodada por las declaraciones de Roberto Prieto, y las investigaciones adelantadas por el Consejo Nacional Electoral colombiano en relación a determinados pagos para la elaboración de propuestas publicitarias electorales mediante una firma en Panamá con fondos suministrados por Odebrecht.
Más allá de los 11 millones de $ en sobornos ya mencionados, la fiscalía neogranadina estima que esa cifra ya supera los 25 millones de $ y que hay más de 15 líneas de investigación abiertas hasta 2017 en el caso Odebrecht [4].
El vicepresidente de Ecuador Jorge Glas fue detenido, destituido y condenado a seis años de cárcel en 2017. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sustanció su decisión en la adjudicación ilegal de 13,5 millones de $ en contratos públicos durante su gestión como Ministro de Sectores Estratégicos entre 2010 y 2012, durante el Gobierno de Rafael Correa.
En México, Mario Beauregard, exdirector corporativo de finanzas, Víctor Díaz, exdirector corporativo de Administración y José Fortunato Alvarez, Presidente del Comité de Postulaciones de PEMEX han sido citados a declarar por parte de la Procuraduría General de la República sobre los manejos corruptos de Odebrecht en el país azteca.
Aparte de ellos, el indiciado que involucra a la más grande empresa petrolera de México es Emilio Lozoya Austin, director principal entre 2012 y 2016 e investigado por enriquecimiento ilícito y cohecho.
Adicionalmente, el gobierno mexicano sancionó a la empresa de ingeniería y construcción brasileña con una multa de 30 millones de $ en el mes de abril de 2018, por el incumplimiento de un contrato firmado en 2015, y con una inhabilitación de dos años y tres meses de duración.
Más allá de los casos de Colombia, Ecuador y México, los países dónde mayores “mordidas” fueron entregadas aparte de Brasil, son República Dominicana y Venezuela.
En Brasil se ventilan más de 34 expedientes por corrupción vinculados con Odebrecht.
Fundada en 1944 por el ingeniero Norberto Odebrecht, el conglomerado brasileño comenzó a expandirse con los grandes proyectos hidroeléctricos desarrollados en Perú y Chile, para luego extenderse por 21 países de América Latina.
Su facturación rondaba antes de las diversas denuncias y evidencias presentadas en su contra, los 33.000 millones de $, y cerca del 49% de sus ingresos provenía de operaciones fuera de Brasil.
Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa de ingeniería y construcción más grande de América Latina, ha estado en prisión desde diciembre de 2015, y después de firmar un acuerdo de lenidad para reparar los perjuicios causados y colaborar con las investigaciones, y comprometerse a pagar unos 697 millones de $, se encuentra en prisión domiciliaria.
Su condena fue de 19 años y 4 meses por delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir.
Antes de que las denuncias sobre sus manejos delictivos tomara fuerza, Odebrecht contaba con cerca de 181.000 empleados distribuidos a lo largo de 21 países.
Particular importancia en la caída de Odebrecht es el renombrado caso de corrupción vinculado a Petrobras, conocido como Lava Jato.
Muy relacionada con la clase política del Brasil, y en particular del Partido de los Trabajadores de Lula Da Silva y Dilma Roussef, la implicación de Petrobras en el escándalo de Lava Jato significó una pérdida aproximada de más de 16.000 milllones de $ en lo que representa el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil.
Se estima que unos 2.000 milllones de $ fueron a parar a manos de ejecutivos, dirigentes políticos y empresas corruptas.
Brasil ha sido no solamente el país dónde se construyó el consorcio internacional que es Odebrecht, sino que además es en ese país dónde los sobornos alcanzaron montos extraordinarios.
Según la BBC, los actos ilícitos comenzaron en 2003 y siguieron hasta 2016, período en el cual el monto de sobornos a políticos y funcionarios gubernamentales se elevó a 349 millones de $ [5].
En Venezuela se establecieron importantes vínculos comerciales entre el gobierno de H. Chavez y de I. Lula Da Silva. Se estima que entre 2013 y 2016 se suscribieron alrededor de 37 contratos para la realización de obras públicas en el país de los cuales cerca de 27 fueron con la constructora transnacional Odebrecht.
El consorcio brasileño participó en obras del aeropuerto de Maiquetía, en la Línea 2 del Metro de los Teques, en la remodelación del teleférico de Caracas, en complejos habitacionales, en desarrollos agroindustriales, en la Refinería de Puerto La Cruz, y en otros proyectos de obras públicas.
La participación de la constructora Odebrecht en Venezuela tiene, además, una característica muy especial: el retraso en el tiempo de entrega de los proyectos [6], y la opacidad.
Como ejemplo tenemos el Proyecto para la Construcción de la Línea 5 del Metro de Caracas, Tramo Plaza Venezuela-Parque del Este. Planificada para 54 meses a partir del primer pago por concepto de anticipo.
El contrato se modificó en 2009, en julio de 2011, en noviembre de 2014, y la última prórroga ocurrió en agosto de 2015. Cada una de las modificaciones del contrato acarreó importante aumentos en el costo de la obra y en sus desembolsos financieros.
Las últimas diligencias sobre los turbios manejos de Odebrecht en Venezuela efectuadas por el Ministerio Público datan de febrero de 2017, en las que se allana la empresa, se le congelan las cuentas y se le prohíbe enajenar y gravar bienes.
Finalmente, el 16 de agosto de 2018, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio dictaminó la culpabilidad del primer mandatario venezolano, y lo condenó por corrupción propia y legitimación de capitales a 18 años y tres meses de prisión.
En Argentina, el juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi llamó a indagatoria a 49 personas: exfuncionarios como Julio de Vido, exministro de Planificación; Ricardo Jaime, exministro de Transporte, y José López, exsecretario de Obras. También a representantes de firmas que obtuvieron una licitación de construcción del soterrado del tren Sarmiento, como Ángelo Calcaterra, expresidente de la constructora Iecsa y primo del presidente Mauricio Macri, e intermediarios como el ‘Corcho’ Rodríguez.
De ese importante grupo de funcionarios, Julio de Vido aparece como el responsable de toda la obra pública durante el gobierno de C. Kirschner, y está siendo procesado por la adjudicación de los trabajos de ampliación de dos gasoductos entre 2006 y 2008.
Esto en cuanto a Odebrecht se refiere, porque el exministro Kirchnerista ha sido despojado del fuero parlamentario y encarcelado por el desfalco de más de 13 millones de $ en una mina y una central hidroeléctrica en la Provincia de Santa Cruz.
En República Dominicana las averiguaciones judiciales han arrojado también resultados notables, en la misma perspectiva de los escándalos que han sido reseñados a lo largo de este inventario.
El 30 de mayo de 2017, la Procuraduría de República Dominicana solicitó la detención de T. Montás (Ministro de Industria y Comercio), A. Bautista (expresidente del senado y exministro de economía), V. Díaz Rúa (exministro), R. Segura (Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales), R. Rodriguez (Director Ejecutivo de INAPA), A. Rondón (Representante de Odebrecht en República Dominicana), C. Pittaluga (Representante de la firma Newport Consulting LTD), M. del Oleo (Administrador de la EGHEID), B. Castellanos de Moya (Director de Proyectos de EGHEID), C. Sanchez (Vicepresidente de EGHEID) y R. Gonzalez (Exdiputado del PRD).
También la Procuraduría General de la República solicitó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados A. Pacheco, T. Galán y J.C. Valentin por supuestos sobornos del consorcio brasileño Odebrecht.
En la República de Panamá, la Corte Suprema de Justicia admitió en 2016 una solicitud de averiguación del gobierno suizo respecto de la aportación de fondos a la campaña del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.
La Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá imputó a más de 17 personas, entre los que figuran los dos hijos y un hermano de R. Martinelli. Al exmandatario Martin Torrijos también le han sido examinadas sus cuentas personales por posibles sospechas sobre coimas de Odebrecht, e incluso al mismo presidente actual Juan Carlos Valera.
Este recuento de hechos delictivos, en muchos casos legalmente probados, y sentenciados, otros en vías de averiguación judicial, aparte de aquellos que aún no han salido a la palestra pública; son suficientemente reveladores de la importancia de la corrupción ligada a la esfera pública en todo el continente.
Odebrech ha estado involucrada de manera reiterada y en muy disímiles escenarios, a las inversiones gubernamentales y los procesos licitatorios públicos con empresas privadas nacionales y extranjeras.
Las consecuencias se han dejado sentir por doquier. Paralización de importantes proyectos, encarecimiento y suspensión de obras fundamentales para la colectividad, distorsión de la ética nacional, y, sobre todo, pérdida de valores y de los necesarios compromisos de la función pública con la sociedad entera.
Tienen que tomarse no solamente acciones ejemplarizantes en el plano judicial, sino que la moral ciudadana exige una nueva conducta de los líderes y gobernantes en su desempeño oficial.
Después de este complicado y difícil balance en materia de sobornos y corrupción en general, es nuestro criterio que las tareas pendientes tienen que enfocarse en: Impulsar los procesos de armonización de la legislación internacional entre países interesados; elevar de manera sustancial el escrutinio de los ciudadanos sobre el ejercicio de la gestión pública, y, finalmente, hacer uso de las nuevas tecnologías para lograr mejorar los mecanismos de control y ejecución de proyectos públicos.
[1]
En la legislación
estadounidense es considerado un delito que una empresa que cotiza en la bolsa
de valores de ese país pague “mordidas” a funcionarios extranjeros e,
igualmente, que utilice su sistema
financiero para delinquir.
[2] Fows, Jaqueline. “Perú pide
cooperación judicial para avanzar en el caso Odebrecht”. Veáse https://elpais.com/internacional/2018/06/22/america/15297041
del 23/06/2018,
Consultado el 11/06/2018.
[3]
“Lo que debe saber del
escándalo de corrupción de Odebrecht”. Revista Semana del 01/24/2017. Tomado de
https://www.semana.com/ Consultado el 14/08/2018.
[4]
Norbey Quevedo, Henrnandez.
“Odebrecht y la campaña de Santos en 2014”. 5 de agosto de 2017. Diario El
Espectador.https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/odebrecht-y-la-campana-santos-2014-articulo-706620 Consultado el 14/08/2018.
[5]¿A dónde fueron a parar los más de US$780 millones que la constructora brasileña Odebrecht pagó en sobornos en 12 países? Redacción BBC Mundo del 26 enero 2017. Tomado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina Consultada el 12/02/2018.
[6] Recomendamos revisar el trabajo de Avendaño, Emily. “El caso Odebrecht: corrupción y despilfarro en Venezuela”.Publicado en http://elestimulo.com/climax/el-caso-odebrecht-corrupcion-y-despilfarro Consultado el 15/08/2018.
[5]¿A dónde fueron a parar los más de US$780 millones que la constructora brasileña Odebrecht pagó en sobornos en 12 países? Redacción BBC Mundo del 26 enero 2017. Tomado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina Consultada el 12/02/2018.
[6] Recomendamos revisar el trabajo de Avendaño, Emily. “El caso Odebrecht: corrupción y despilfarro en Venezuela”.Publicado en http://elestimulo.com/climax/el-caso-odebrecht-corrupcion-y-despilfarro Consultado el 15/08/2018.
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