Debate Global: EL impuesto a la Empresas Multinacionales.
Prof. Dr. Carlos E. Daly Gimón
136 países (Estados miembros de la OCDE, del G20 y de la Unión Europea) acaban de aprobar el tributo mínimo global a las Empresas Multinacionales, en el marco de un acuerdo llamado Declaración sobre la solución de dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía.
Se pretende alcanzar, una distribución más justa entre países de los beneficios y derechos de imposición relativos a las mayores y más rentables empresas multinacionales.
Ello significa que se implementa una tasa corporativa mínima de 15%, aplicable a las corporaciones transnacionales y a empresas rentables en el mundo entero.
Este nuevo impuesto supone una recaudación de más de 130.000 millones de euros anuales, lo cual representa un ingreso significativo para las naciones que aprobaron este gravamen, y es un paso en la dirección definida desde finales del siglo XX cuando los países más influentes decidieron establecer mayores contribuciones fiscales a las grandes multinacionales.
Tiene, no obstante, esta nueva tasa impositiva implicaciones y repercusiones que bien vale la pena comentar.
Desde hace ya más de una década el forcejeo entre las muy poderosas organizaciones digitales mundiales copa titulares de prensa, sesudos análisis de expertos e instituciones de prestigio a escala global, universidades y centros de investigación. Cuál debe ser la magnitud de las ganancias de los gigantes tecnológicos? Y las de más de 100.000 empresas multinacionales que existen en la actualidad según la UNCTAD?
Detrás de las tasas recientemente aprobadas surgen asuntos de importancia para las relaciones entre los países involucrados y las grandes corporaciones.
Cómo controlar a las empresas multinacionales en cuanto a su ámbito de operaciones, por ejemplo.
Como se sabe, las empresas globales o transfronterizas han encontrado la fórmula para escabullirse de los regímenes fiscales nacionales, y que es a través de operaciones financieras encubiertas en los paraísos fiscales. No son, debemos decirlo, transacciones específicas de empresas transnacionales pues en ese escenario opaco de los paraísos fiscales están involucrados una diversidad de agentes, organizaciones y personalidades difíciles de establecer tal como viene de demostrarlo el informe periodístico internacional Los Papeles de Pandora.
Pero las transacciones en los paraísos fiscales son ilegales, y están protegidas por el derecho internacional. No debemos olvidar que en los tax haven o refugios fiscales se otorgan beneficios a empresas o personas no residentes que decidan radicarse en esos países, y que esas ventajas se refieren a la reducción significativas de impuestos, a las exenciones fiscales; a lo que debe sumarse el consabido secreto bancario. Sin mencionar, claro, el tema de los testaferros.
Es por eso que el impuesto mínimo recién aprobado se refiere a beneficios que se generen en cada Estado o territorio en el que tienen sede, por lo que quién percibirá esos recursos fiscales será el Estado directamente involucrado en supervisar las operaciones de las empresas multinacionales.
Son circunstancias diferentes, objetivamente opuestas a las prácticas tradicionales que se venían dando en el plano fiscal.
Otro asunto que está presente en la implementación de esta iniciativa, es el monto aprobado que como se dijo es del 15%.
No todos los países comprometidos aprobaron el acuerdo.
Ya es suficientemente conocido que existe una marcada competencia impositiva entre países, porque, después de todo, son evidentes los intereses económicos por lograr que una empresa transnacional se instale en tu territorio, genere empleo, efectos multiplicadores sobre el aparato productivo e incluso coadyuve a fortalecer la competitividad en los mercados.
Es por ello que observamos cierta reticencia de Irlanda, Hungría y Estonia, países que no solamente tienen tasas impositivas inferiores al 15% aprobado, sino que, además, han logrado atraer numerosas filiales de corporaciones transnacionales hacia sus economías. En Irlanda, por ejemplo, hay más de 1.000 de multinacionales tecnológicas, financieras o farmacéuticas de origen norteamericano y de otras regiones del mundo que han establecido allí su centro de operaciones para europa. En Hungría y Estonia, su política industrial ha dado igualmente resultados positivos en parte por la participación de capitales extranjeros en sus estrategias productivas internas.
No obstante, todavía persisten naciones reacias a adoptar el acuerdo: Kenia, Nigeria, Pakistán y Sri Lanka faltan por sumarse a este convenio impositivo global.
La coyuntura actual sirve también para explicar la aplicación del impuesto mínimo global.
El déficit fiscal en las finanzas públicas está allí, en numerosos países, como consecuencia de los diversos programas de ayuda a las comunidades y a las empresas durante la Pandemia Covid-19.
Con la obtención de mayores recursos fiscales se alivia ese desajuste macroeconómico, y se evita una mayor dureza en los ajustes que habrán de aplicarse en los próximos meses. La recaudación fiscal mejorará por vía de las contribuciones de las corporaciones transnacionales.
De igual manera, la dinámica propia de la economía global obliga a que se dé la reforma de los regímenes impositivos con base a los cambios que vienen ocurriendo en el plano de los sistemas de producción, de distribución y, ciertamente, en el campo del desarrollo tecnológico.
Desde el primer trimestre de 2021, los Estados Unidos venían proponiendo una tasa de 21% para el impuesto mínimo global, lo cual refleja el tratamiento fiscal a las empresas multinacionales que se dio durante el gobierno de D. Trump, quién fundamento su política económica en bajar los impuestos para incentivar la instalación de empresas internacionales norteamericanas en su propio territorio. Con J. Biden, la política en materia impositiva hacia las empresas multinacionales es diferente. Esta vez se trata de construir un marco impositivo distinto que permita minimizar la competencia entre países e, igualmente, obtener mayores recursos de las grandes corporaciones para invertir en los trabajadores, y así elevar sus conocimientos y capacidad de innovación.
El impuesto mínimo global no ha dejado de generar críticas y cuestionamientos.
Entrará en vigencia en 2023, si la comunidad internacional termina su elaboración definitiva para la respectiva ratificación a finales de octubre de este año.
Ciertas ONG como Oxfam, han expresado su desacuerdo por no ser un acuerdo suficientemente riguroso como para cambiar la conducta de las grandes empresas multinacionales.
En sus propias palabras, “un pacto fiscal negociado desde arriba que incluso podría obstaculizar la posibilidad de que en el momento de su ratificación algún país quisiera endurecerlo”.
En todo caso, con este acuerdo podríamos estar en presencia de una excusa para impulsar la reducción local a los impuestos a las empresas multinacionales, y así incentivar una disminución generalizada de impuestos.
Habrá que ver si terminan predominando los intereses colectivos o si, finalmente, como suele ocurrir, las grandes corporaciones se salen con la suya.
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