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"Instituciones democráticas y crecimiento económico en 2024. La nueva perspectiva".
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Prof. Dr. Carlos E. Daly Gimón
Está de moda, en el ámbito del conocimiento y la investigación académica especializada, intentar encontrar las explicaciones más convincentes posibles sobre las desigualdades en el crecimiento económico de las naciones, y el papel que desempeñan las instituciones en ese proceso. Y después de numerosas teorías, enfoques, análisis y presunciones, los aportes de Daron Acemoglu, Simón Johnson y James Robinson, galardonados en el Nóbel de Economía 2024, lucen como los más rigurosos y se les puede considerar como una nueva perspectiva para resolver el futuro de los países menos desarrolladas en la economía global.
Según Acemoglu, Johnson y Robinson ("Porqué fracasan los país",2012, y "Poder y Progreso", 2023), el crecimiento no es suficiente para impulsar la prosperidad y diversificación del aparato productivo, y lograr que la creación de riqueza material se distribuya de una manera más equitativa y generalizada al resto de la sociedad.
En otros términos, la política económica puede producir resultados suficientes a corto plazo, pero el crecimiento del PIB que de ello se deriva no se traduce necesariamente en mayor bienestar en el sistema social en su conjunto. No es un tema novedoso, ciertamente, porque desde hace cierto tiempo los círculos económicos y expertos de estudios del desarrollo discuten sobre la desigualdad en la perspectiva del desarrollo económico, y, también, el papel que juega en ello el desenvolvimiento productivo interno.
El punto central de los académicos mencionados es que las instituciones políticas y económicas, históricamente, se han convertido en un obstáculo que entorpece la distribución legítima de la riqueza, y agrava la desigualdad entre diferentes grupos o sectores de la sociedad. El caso práctico que Acemoglu, Johnson y Robinson toman es de la ciudad de Nogales, una ciudad que está separada por la frontera entre México y Estados Unidos, y en la que las diferencias económicas y de oportunidades es notable, y el grado de participación en las decisiones políticas, y por tanto, en su desarrollo institucional, es muy claro en uno y otro lado de Nogales.
Esta investigación permite entonces identificar dos tipos de instituciones, que, por lo demás, significan una contribución importante al análisis actualizado de las disparidades socio-económicas específicas del no desarrollo: las instituciones inclusivas, de largo alcance, que son aquellas que generan beneficios más generalizados para amplios sectores de la población; y las instituciones extractivas, que, por el contrario, tienen carácter excluyente para los grupos sociales mayoritarios y favorecen a los sectores que se encuentren en el control del poder político; considerándoseles, por ende, de corto plazo.
De esta manera, se traza un vínculo directo entre instituciones y democracia, lo que equivale a sostener que para que las instituciones contribuyan con la prosperidad es necesario que se democraticen. Democratizar las instituciones, en el enfoque que aquí comentamos, implica romper con las estructuras de poder que allí existen, y abrir la institucionalidad a una mayor eficiencia, a lograr una funcionalidad que responda a las necesidades colectivas.
Instituciones democráticas que tienen que, por un lado, poner en tela de juicio los mecanismos de control instituidos en interés y control del poder que domina el Estado como entidad política, y accionar bajo los objetivos y prioridades colectivos.
La distribución igualitaria de la riqueza económica sólo puede llevarse a cabo bajo las reglas de una mayor democracia, y una participación amplia y creciente de una diversidad de actores sociales y políticos.
Partidos, Sindicatos, Agrupaciones locales, Organizaciones no Gubernamentales, Asociaciones de Ciudadanos, Representantes comunitarios, y otras entidades sociales.
Todas ellas sujetas a la vigilancia y evaluación de la ciudadanía.
Ya nadie discute que en los países no desarrollados, la desigualdad socio-económica es una prioridad, es decir, la brecha entre ricos y pobres representa un obstáculo que no permite avanzar hacia un mejor bienestar, y, además, que es la vía más adecuada para superar la barrera del atraso y de la exclusión.
Instituciones cerradas, conservadoras, continuistas, son, en, fin de cuenta antidemocráticas, y hasta pudiera decirse, anti-crecimiento, en el sentido de que contribuyen a mantener el círculo de la pobreza, y, sin lugar a dudas, el esquema de privilegios de los que controlan el poder político. América latina tiene múltiples ejemplos que ilustran como las instituciones rígidas, inflexibles, obstaculizan el camino hacia el progreso y la transformación socio-económica.
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